La wikipedia define Benchmarking como “proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación”. Como suele ser costumbre, detrás de raras palabras pronunciadas por personajes con un CV de dimensiones bíblicas, se esconde algo con algo de sentido común aplicaríamos: Ver que ofrecen los líderes del campo en cuestión y compararnos con ellos.
Esto suele ser común (o debiera) en el ámbito de la empresa privada pero, ante tal envergadura de crisis que estamos soportando en España, uno se pregunta por qué no nuestros estimados dirigentes no hacen algo similar a nivel de Estado.
El común de los mortales, que no tienen por qué mucha idea de tecnicismos macroeconómicos, usan o les inducen a creer que el Santo Grial para establecer un ranking o comparativa de países son 3 o 4 variables: P.I.B. (Producto Interior Bruto), Renta per Cápita (PIB/Población), Tasa de desempleo y -ahora que todos nos hemos vuelto unos expertos financieros- la prima de riesgo. Ahora bien, lo que no dicen es que esos indicadores no implican una mejor o peor calidad de vida de sus conciudadanos, mejor justicia, mejor educación o mejor trabajo. Estos son parámetros muy complicados de “rankear” (ejemplo ficticio: podemos estar este año en el puesto 35 por encima de Botswana en justicia y el próximo año 2 por debajo). No es tan fácil de hacer. Por ello me pregunto, ¿por qué la obsesión de centrarnos en analizar unas cifras y no en adaptar lo mejor?
